Accesibilidad Universal. ¿Utopía o realidad?

Ha ocurrido el pasado 7 de noviembre, y bajo el lema #Accesibilidad ya. En todo el territorio nacional se produjeron concentraciones reivindicativas a favor de la Accesibilidad Universal. Estas se localizaron en puntos urbanos o edificaciones de transito público, bien públicas o privadas, donde personas discapacitadas o personas con movilidad reducida tienen el paso vetado por la inexistencia de medidas de accesibilidad que se lo permitan.

Una lucha por la Accesibilidad Universal, que más bien parece un proceso de ciencia ficción, a pesar de la existencia de una normativa vigente desde el año 2003.

Para entrar en materia y situar un poco en el mapa legislativo a quien vaya a leer estas líneas, pongamos en conocimiento una serie de datos.

  • La Constitución española, en su artículo 9.2, establece que los poderes públicos promoverán las condiciones para que la libertad y la igualdad del individuo y de los grupos en que se integra sean reales y efectivas, removerán los obstáculos que impidan o dificulten su plenitud y facilitarán la participación de toda la ciudadanía en la vida política, económica, cultural y social
  • El artículo 4.2 del Estatuto de autonomía de Galicia atribuye a los poderes públicos de Galicia la promoción de las condiciones necesarias para que la libertad e igualdad de los individuos y los grupos en que se integran sean reales y efectivas.
  • La Convención de las Naciones Unidas sobre los derechos de las personas con discapacidad, de 13 de diciembre de 2006, ratificada por el Estado español y publicada en el BOE el 21 de abril de 2008, establece el compromiso de promover, proteger y asegurar el pleno disfrute de los derechos humanos y libertades fundamentales en condiciones de igualdad por parte de las personas con discapacidad y de promover el respeto a su dignidad inherente.

El marco legal estatal en materia de accesibilidad se configuró inicialmente a través de la Ley 13/1982, de 7 de abril, de integración social de las personas con discapacidad (LISMI), que sentó las bases para la eliminación de barreras arquitectónicas y de la comunicación, así como la promoción de la accesibilidad.

En nuestra comunidad el primero texto refundido y aprobado por la autoridad Autonómica consta en la Ley 8/1997, de 20 de agosto, de accesibilidad y supresión de barreras. Actualmente derogada por la aplicación de la Ley 10/2014, de 3 de diciembre, de accesibilidad.

Fue en el 2003, cuando aparece la primera referencia a Accesibilidad Universal, a través de la Ley 51/2003, de 2 de diciembre, de igualdad de oportunidades, no discriminación y accesibilidad universal de las personas con discapacidad (LINDOAU). Esta ley tiene por objeto establecer medidas para garantizar y hacer efectivo el derecho a la igualdad de oportunidades de las personas con discapacidad.

A partir de esta ley, se fueron sucediendo una serie de mejoras legislativas. Se busca completar y concretar más las actuaciones a llevar a cabo en el proceso evolutivo de la cosecución de la ansiada Accesibilidad Universal única. Llegará así la promulgación del Real decreto legislativo 1/2013, de 29 de noviembre, por lo que se aprueba el texto refundido de la Ley general de derechos de las personas con discapacidad y de su inclusión social.

Por todo el expuesto, la presente Ley de accesibilidad de Galicia tiene como objetivos “conseguir una sociedad inclusiva y accesible que garantice la autonomía de las personas, evite la discriminación y favorezca la igualdad de oportunidades para toda la ciudadanía, especialmente para las personas que tienen discapacidades, (…); y hacer realidad el concepto de accesibilidad y diseño para todos, en los procesos, proyectos, productos y servicios, de modo que se facilite el uso universal, con plena seguridad, de en medio físico, evitando gastos posteriores de eliminación de barreras.”

Después de leer todos estos datos, queda claro que las leyes existen. Se crearon órganos especializados para llevar a cabo una mejor gestión de dicha Ley; Consejo Gallego para la Promoción de la Accesibilidad y la Supresión de Barreras como órgano de participación y consulta. O la Comisión Técnica de Accesibilidad como órgano administrativo competente para la tramitación de los expedientes sancionadores derivados de la presente Ley.

Por lo tanto, ¿dónde está el error?

La no accesibilidad de los entornos, productos y servicios constituye, sin duda, una forma sutil pero muy eficaz de discriminación (…) Convergen así las corrientes de accesibilidad y de no discriminación”. Y se añade: “Es preciso señalar (…) la definición de igualdad de oportunidades como el resultado de sumar la ausencia de discriminación con las medidas de acción positiva”. (Ley 51/2003, de 2 de diciembre)

Vivimos en el año 2017, en el considerado primer mundo, con una sociedad avanzada e igualitaria, o eso es lo que nos dicen.

Hace 35 años (Ley13/1982, de 7 de abril) de la primera toma de contacto con la inclusión de las personas discapacitadas en la sociedad. Gracias “a dios” la mejora fue significativa. Reformulaciones y avances en las Leyes aprobadas se han llevado adelante todos estos años hasta llegar a día de hoy, a punto de cumplirse el plazo de ejecución de la Ley general de derechos de las personas con discapacidad y de su inclusión social ( Real decreto legislativo 1/2013, de 29 de noviembre) que tiene por objetivo garantizar el derecho a la igualdad de oportunidades y de trato, así como el ejercicio real y efectivo de derechos por parte de las personas con discapacidad, en igualdad de condiciones respeto del resto de ciudadanos y ciudadanas, a través de la promoción de la autonomía personal, de la accesibilidad universal, del acceso al empleo, de la inclusión en la comunidad y la vida independiente y de la erradicación de toda forma de discriminación.

Personalmente opino desde el punto de vista de una persona que vivió sin la necesidad de dicha Accesibilidad y ahora se me hace vital. Considero que este es un tema complejo, pero que su complejidad se agrava, en casos por desconocimiento de parámetros de dicha ley, pero mayormente por negligencias de la propia Autoridad reguladora y ejecutora de dicha Ley, por no querer hacer correctamente los procesos de cumplimiento desde un principio.

Los finales de todas las reflexiones nos van a llevar al mismo punto, sí existe una Ley, ¿por qué no se hace cumplir desde un principio?, ¿porque se permite cometer negligencias aún hoy en día? Y la respuesta …

Hace falta concienciación social, pero también eficacia real de ejecución de normas y leyes establecidas en el ámbito urbano, medios de transporte y comunicación, en el sector de bienes y servicios; por parte de la autoridad pertinente en el campo de la Accesibilidad Universal. Y no dejar esa eficacia impresa en las páginas de las Leyes, que deberían ser consideradas como la primera herramienta para buscar esa ansiada pero utópica Accesibilidad Universal.

Me pregunto:

– ¿Por qué no se cumplen las leyes en el ámbito de la accesibilidad?

– ¿Por qué los órganos creados no cumplen con sus competencias?

Vivimos días de revueltas, convulsiones, tumultos, represiones y crisis; tanto políticas como económicas y sociales. Todo este conjunto nos está arrastrando a un proceso involutivo en la sociedad, con pérdida de derechos, privilegios y, en suma, pérdida de calidad de vida. Si la mayoría de estas decisiones, en alto número políticas, nos están encaminando al grueso de la sociedad a este sendero involutivo, que no harán con normas o decisiones que afecten a un bajo porcentaje social como somos los discapacitados.

Obras públicas subvencionadas con fondos público realizadas a partir de esa fecha clave del año 2003 que incumplen en alto grado la normativa vigente o la existente en aquel momento. También en construcciones de titularidad privada pero destinados a uso público, medios de comunicación y transporte, servicios… no queda sin nombrar ninguna franja en la que transcurra nuestra vida social. Inclusive, hoy en día se siguen incumpliendo dicha normativa. Ya no quiero hablar de ayudas económicas, porque serian otras mil palabras.

Indignante e incomprensible la incompetencia, ineficacia y falta de conciencia. La laxicidad interpretativa de la normativa por parte de la autoridad competente en este campo. Parece ser que la independencia de una persona solo se tiene en cuenta sí esa palabra la identificas con Cataluña, y tampoco la conseguirán (ninguna de las dos).

Con este panorama, la función implicativa de las palabras Accesibilidad Universal queda a años luz de donde nos encontramos, en alguna estrella o planeta esotérico enano descubierto o por descubrir, y que seguramente tampoco será Accesible.